Cd. de México, 8 mayo 2022.- En su investigación del
Caso Conacyt, la Fiscalía General de la República ha emprendido una pesquisa
que va más allá de la transferencia de recursos al Foro Consultivo, Científico
y Tecnológico (FCCyT), el motivo original de la indagatoria.
Pagos de tenencia de los
más de 30 científicos y académicos, sus arrendamientos, licencias de conducir,
altas y baja de placas, tarjetas de circulación, declaraciones fiscales sin
haber una querella de por medio e informes de operaciones inusuales relevantes,
todo eso lo investiga la FGR con la finalidad de hallar alguna irregularidad o
delito.
Documentos que la Fiscalía
Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) giró oficios a las
Secretarías de Movilidad y de Administración y Finanzas de la CDMX, así como al
Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la titular del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, para requerirles estas
informaciones.
«No omito manifestar que, para el caso de no contar con la información
requerida en el periodo solicitado (2013-2020), le solicito se realice una
búsqueda de los históricos de su base de datos de información electrónica o
algún otro medio que permita conocer la existencia de datos relacionados con el
ámbito de sus atribuciones», dice el oficio enviado a la jefa del SAT, a
quien solicitaron la información fiscal de los implicados, sin que exista una
querella ni carpeta de investigación por defraudación al fisco.
«Se hace del
conocimiento de esa autoridad hacendaria que la investigación que motiva la
presente solicitud tiene como objeto hechos con apariencia del delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por tanto, se estima, deberá
ser acordada de manera favorable».
El 25 de agosto y el 22 de
septiembre pasados, un juez federal rechazó ordenar las aprehensiones de 31
académicos y científicos del Conacyt, a quienes la Fiscalía pretendía recluir
en el Penal del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y lavado.
La tesis de la FGR es que
de enero de 2013 a junio de 2019 el Conacyt transfirió ilegalmente 244 millones
de pesos al FCCyT, en virtud de que este último fue constituido como una
asociación civil ajena a la estructura orgánica del consejo y antes de tener su
propio estatuto.
Fue después de estos dos
reveses judiciales, cuando la Fiscalía decidió rastrear información de los
indiciados -incluidos el FCCyT y el Centro Laving para el Desarrollo de
Innovación y Transferencia Tecnológica-, que va más allá de la transferencia
del Conacyt. Antes de pedir las aprehensiones, la FGR no consideró una pesquisa
sobre dichos informes.
El 22 de noviembre pasado,
el titular de la Unidad Antilavado de la FEMDO, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz,
envió una solicitud a Ramírez de la O para que instruyera a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) la entrega a la Fiscalía de los reportes de
operaciones inusuales relevantes o preocupantes de los científicos.
Como al parecer no hubo una respuesta positiva, el funcionario dirigió el
pasado 18 de febrero un escrito a Juan Ramos López, Fiscal de Control
Competencial y mano derecha del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para
que requiriera esa información directamente a la UIF.
«Por lo anterior,
solicitó que, en apoyo a las funciones de esta Fiscalía, gire sus amables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que por su conducto se solicite
al Titular de la UIF, si en las bases de datos a que tiene acceso existen
registros de reportes de operaciones inusuales relevantes o preocupantes, en
relación con las personas enlistadas», le pide Jiménez Cruz a Ramos.
«Asimismo, tenga a
bien requerir a la citada Unidad de Inteligencia para que, en caso de que la
información con la que cuente resulte suficiente para presumir la comisión de
hechos con apariencia de delito, realice el pronunciamiento ante esta Unidad
Especializada, a efecto de colmar los requisitos impuestos por Ley en la presente
indagatoria».
A la Secretaría de
Movilidad capitalina, la Fiscalía le pidió realizar «una minuciosa
búsqueda en su base de datos e informe si cuenta con información de licencias,
RFC, domicilios, altas y baja de placas, tarjetas de circulación, teléfonos»
de todos los académicos y científicos. A la Secretaría de Administración y
Finanzas le solicitó la información de los pagos de tenencias, impuestos,
celebración de convenios, licitaciones, contratos de adquisición, servicios
(padrón de prestador de servicios, arrendamientos), de cada uno de los
implicados.
Ya la titular del SAT le requirió de forma «urgente» precisarle el
RFC de todos los indiciados del Conacyt, sus declaraciones fiscales de 2013 a
2020 con sus anexos y reportar cualquier irregularidad detectada.
Precisa que si las
declaraciones se presentaron por el formato DeclaraSat, el organismo debe
entregar a la Fiscalía el total de ingresos percibidos, el monto de
deducciones, ingresos acumulables, deducciones personales efectuadas, tipo de
declaración y datos del estado de posición financiera.
Ahora, en la misma investigación, la FGR busca cualquier tipo de anomalía ajena a esos hechos que pudieran constituir delitos de otra naturaleza.