Cd. de México 01
mayo 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea la supresión del
Instituto Nacional Electoral (INE) tras su comportamiento en la organización de
la revocación de mandato, y que se dispongan de sus bienes y fideicomisos.
Con la
iniciativa de reforma electoral, la eliminación del INE no sólo supone un
cambio de nombre por otro órgano electoral. Se prevén acciones de
desincorporación y transferencia de activos al nuevo instituto propuesto por el
Ejecutivo federal.
«La
presente iniciativa propone iniciar una nueva etapa electoral para el País. Se
plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear
en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como autoridad
electoral independiente, garantizando los principios rectores de la función
electoral, como siempre debió haber sido», cita la exposición de motivos.
Afirma que
en los últimos años, los actos de las autoridades se han caracterizado por su
falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad,
que son propios de la función electoral.
«El
punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el
Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación durante el proceso de revocación de mandato», argumenta la
iniciativa de reforma constitucional recibida por la Cámara de Diputados.
La visión
del Ejecutivo federal es que se debe dotar al País de un sistema electoral que
brinde seguridad y respeto al voto, honradez y legalidad, al advertir que esto
no existe en la actualidad.
Al eliminar
al INE, se señala que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas lo
va a sustituir «plenamente».
«Los
recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el
INE, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos y
fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del INEC, en los términos que
determinen las disposiciones legales y administrativas que correspondan»,
expone sin señalar cómo será dicho proceso.
«El
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará las acciones de desincorporación
y transferencia de activos», precisa la propuesta de reforma.
Además,
asegura que con su propuesta se van a elegir autoridades administrativas y
jurisdiccionales «honestas e imparciales», que se mantengan fuera de
la lucha por el poder.
La
iniciativa del Presidente prevé cambiar el método de elección de los consejeros
electorales, que hasta la fecha ha sido por medio de la Cámara de Diputados.
Ahora se
plantea que el Presidente, las Cámaras del Congreso y la Suprema Corte de
Justicia propongan 20 nombres cada uno y que ganen los nombres más votados por
la ciudadanía.
Se proponen
60 candidatos para elegir a solo 7 consejeros, para un periodo de seis años.
Para el
caso de siete magistrados electorales, que son nombrados por el Senado, la propuesta
son 30 candidatos, 10 postulados también cada uno de los tres Poderes de la
Unión.
Al proponer
que consejeros electorales y magistrados electorales sean electos mediante el
voto secreto, directo y universal, el Ejecutivo afirma que se fortalecerá la
democracia y se garantizará el cumplimiento de la voluntad popular.