Expertos
electorales advirtieron que la reforma propuesta ayer por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador busca controlar el sistema electoral y garantizar que
Morena se mantenga como mayoría.
Consejeros y ex
consejeros electorales insistieron en que es una reforma regresiva que elimina
la pluralidad, la autonomía de las instituciones y la eficiencia en la
organización de los comicios.
La mayoría de
las propuestas contenidas en la iniciativa, consideraron, están marcadas por el
control e influencia que tendrían el titular del Ejecutivo federal, el partido
oficial y gobernadores.
«Esta
reforma planteada por López Obrador no está buscando el fortalecimiento del
sistema electoral, sino que está buscando ampliar los márgenes del control
político del Presidente», afirmó el ex consejero Marco Baños.
Para el ex
presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, como es previsible que la reforma no
pasará en sus términos, pareciera un pretexto del Mandatario para atacar al
órgano electoral los próximos dos años.
«El riesgo
de esto es que sea un pretexto de López Obrador para que en 2024 desconozca los
resultados o les sean adversos, y va a argumentar que él propuso una reforma,
que él quiso mejorar a las autoridades y no lo dejaron. Decir que la autoridad
es ilegítima», apuntó.
Por ejemplo,
advirtieron, si consejeros y magistrados son electos por los ciudadanos, al
final obedecerían a intereses del Presidente y del partido mayoritario en la
Cámara de Diputados, porque serán promovidos por éstos.
«El
proceso estaría viciado de origen, por ser propuestos por el Ejecutivo federal
y la Cámara de Diputados y con criterios claramente partidistas, estarían
subordinados al gobierno, como estaba hace más de 30 años», advirtió el
consejero Jaime Rivera.
Respecto a la
propuesta de reducir a 300 el número de diputados y que sean electos por lista
estatal, indicaron que dejarían fuera a los partidos minoritarios.
Por ello,
plantearon, si se busca desaparecer el mecanismo actual de elegir diputados por
distrito, tendría que ser una lista nacional, para dar cabida a los partidos
pequeños en el Congreso.
«El riesgo
es que reduces la proporcionalidad del sistema a nivel nacional. Cuando mezclas
representación proporcional con listas estatales, el resultado puede
distorsionar el sistema y hacer más grande al grandote y más chico al
chiquito», agregó Ugalde.
Además, apuntó
Baños, al ser listas estatales, el partido mayoritario siempre ganará, y los
gobernadores operarían para que esto sucediera.
Acitivismo de
funcionarios
Tanto Baños
como Rivera coincidieron en que la intención de quitar la prohibición para que
los servidores públicos puedan opinar sobre asuntos electorales, también tiene
riesgos, porque quien controla las gubernaturas y la mayor parte de Alcaldías
influiría con recursos públicos en los procesos.
«Se han
quejado de que el INE censura, pone límites al activismo político de los
funcionarios, si se quiere eliminar eso, daría una ventaja más al partido que
esté gobernando. El PRI gobernó muchos años porque controlaba al árbitro y los
recursos públicos para competir, y la oposición tenía pocos medios»,
indicó Rivera.
Los tres
coinciden en que lo rescatable de la propuesta es el voto electrónico.
Sin embargo,
mientras para Ugalde podría transitar la disminución de regidores en algunos
ayuntamientos y el tamaño de congresos estatales, así como la desaparición de
tribunales estatales y organismos electorales locales, para Baños y Rivera,
esto implica retrocesos.