La
Corte Suprema de Estados Unidos pareció mostrar este martes su disposición a
permitir que la Administración Biden ponga fin al polémico programa de asilo
conocido como «Quédate en México», que obligó a decenas de miles de
personas a esperar en ese país mientras las cortes estadounidenses procesaban
sus casos.
En una audiencia de dos horas para escuchar los argumentos del
caso, las preguntas y comentarios de los jueces del máximo tribunal sugirieron
un posible fallo, esperado para el verano, a favor del Gobierno federal.
El Presidente Joe Biden suspendió el programa, implementado por Donald Trump en
2019, en su primer día en el cargo. Después de que Texas y Misuri presentaran
demandas para frenar la revocación de la política, tribunales inferiores
ordenaron a la Administración restablecerlo.
El centro de la lucha legal es si, con una capacidad de detención mucho menor
de la necesaria, las autoridades de inmigración deben enviar a las personas a
México o si tienen la discreción según la ley federal para liberar a los solicitantes
de asilo en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias.
Elizabeth Prelogar, la principal abogada de Biden en la Corte Suprema, dijo a
los jueces que las leyes no contienen una disposición que requiera que los
migrantes sean devueltos a México y que hay un «beneficio público
significativo» en liberar a los indocumentados que pasan antecedentes
penales y otros controles ya que eso mantiene lugares en los centros de
detención para individuos peligrosos.
Los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh sugirieron que la
Administración tenía un mejor argumento que los estados que han demandado para
mantener el programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección al
Migrante.
«Pierdes, claro, si el Gobierno tiene razón sobre lo que es un interés
público significativo», dijo Barrett en un intercambio con el fiscal
general de Texas, Judd Stone.
Varios jueces replicaron el punto de Prelogar, la abogada del Gobierno federal,
de que ninguna Administración, incluida la de Trump, cumplió a cabalidad con el
requisito de hacer esperar a los migrantes en México.
«¿No sería extraño que el Congreso dejara en vigor un estatuto que es
imposible de cumplir?», dijo por su parte el juez Clarence Thomas, también
del lado conservador.
Por su lado, la jueza Elena Kagan cuestionó si los tribunales inferiores
estaban interviniendo de manera inadmisible en las relaciones internacionales,
ya que restablecer el programa depende de la disposición de México para aceptar
a los migrantes y una estrecha coordinación entre los países.
«¿Qué se supone que debemos hacer, llevar camiones llenos de personas a
México y dejarlos en México?», le preguntó Kagan a Stone.
En tanto, el juez Samuel Alito fue la voz más fuerte a favor de los estados al
cuestionar la afirmación del Gobierno de que evalúa a los migrantes caso por
caso antes de liberarlos.
En marzo de 2022, los agentes fronterizos detuvieron migrantes en 221 mil
ocasiones y casi 61 mil indocumentados fueron liberados en el país, según un
expediente judicial del Gobierno.
Alito dijo que la situación parecía similar a la de las personas que esperan
para entrar en un juego de los Nacionales de Washington. Si tienen una multa y
no tienen alcohol ni armas, son admitidos, dijo Alito.
«Eso es básicamente lo que estás haciendo. Tienes una pequeña lista de
verificación y dices, boom, boom, boom», afirmó Alito.
Después de la suspensión del programa por parte de Biden, el Secretario de
Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En
octubre, el DHS presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la
política, sin éxito en los tribunales.
El programa, que tuvo 70 mil personas inscritas, se reanudó en diciembre tras
las órdenes judiciales, pero apenas 3 mil migrantes se habían inscrito hasta
finales de marzo, durante un periodo en el que las autoridades detuvieron a
migrantes unas 700 mil veces en la frontera.