México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un
cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos
(DEA) en el combate al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un duro golpe
a la cooperación bilateral en seguridad.
El
grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, en inglés)
que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran
invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a
innumerables capos de la droga en todo el mundo.
Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos
nacionales.
En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados
entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la
captura en 2016 de Joaquín «El Chapo» Guzmán, entonces el jefe del
Cártel de Sinaloa.
El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para
combatir a los grupos del crimen organizado dentro del país latinoamericano,
uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y
dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a
la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un
agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado
porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente
familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.
La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana de México no
respondió a reiteradas solicitudes de comentarios.
La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre
la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el Gobierno
mexicano no lo anunció públicamente en su momento.
«La estrangularon», afirmó el agente, refiriéndose a la unidad.
«Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar».
El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las
autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado
provocó más de 100 mil muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de
drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.
El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA
compartiera con el Gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios
obtenidos en suelo estadounidense.
La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes
mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en
Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia.
Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.
Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal
General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.
Para Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de
la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del Mandatario
dañarán a ambos países.
«Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en
México», advirtió.
Disparo
en el pie
La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la
cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en
2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.
Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las
tácticas de mano dura de sus predecesores, el Gobernante buscó implementar un
estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él,
son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de
perseguir a los jefes de los cárteles.
El Presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad
extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus
operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.
En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de
México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad
para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López
Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.
Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su ex jefe Iván Reyes fue
detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar
sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los
funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban
agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.
Las campanas de alarma para el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando
López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual
se encontraba la SIU, para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.
Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante
un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los
integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga
sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las
sobredosis en Estados Unidos.
Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a
un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el ex
Secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en
connivencia con un cartel de la droga.
Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando
consideraciones de política exterior «sensibles», pero López Obrador
acusó a la DEA de tener «poco profesionalismo» y de fabricar pruebas
en el caso.
En diciembre de 2020, el Gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de
la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar
informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior.
«Ese fue el clavo en el ataúd», consideró el agente de la DEA. Meses
después se cerró la SIU.
Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya
había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de
México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los
cárteles de la droga.
Pero con más de 33 mil homicidios registrados en la nación latinoamericana el
año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que
persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los
asesinatos.
«México se está disparando en el pie», sentenció.