La desaparición forzada de
niñas, niños y adolescentes, a partir de los 12 años, así como de mujeres,
registra un “incremento notable” en México, fue una de las conclusiones
derivada de la visita al país de Comité contra la Desaparición Forzada de la
Organización de las Naciones Unidas en el 2021.
En su informe destacaron la
crisis forense que se registra con más de 52 mil cuerpos y restos sin
identificar, destacando que la delincuencia es el principal causante de las desapariciones,
con la omisión o incluso participación, de las autoridades.
Este
martes el comité dio a conocer en su informe que pese a que las desapariciones
afecta mayoritariamente a hombres de 15 a 40 años, las cifras oficiales
registran un aumento “notable” de esta problemática entre niños y niñas a
partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres.
El
problema se agudizó durante la pandemia de la covid-19, informó Carmen Villa
Quintana, presidenta del comité.
Los
casos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, revelaron, están vinculados con
la sustracción dentro o fuera del ámbito familiar, mismas que son
desapariciones usadas como medio para ocultar la violencia sexual y
feminicidio; a lo que se suma el reclutamiento a las filas del crimen
organizado y represalias.
Las
víctimas y las autoridades reportaron al comité que las desapariciones también
tienen como fin la trata y explotación sexual.
El
comité consideró de particular preocupación la victimización de las mujeres
quienes quedan a cargo de su familia al sufrir la desaparición de uno de sus
miembros.
“Considera
de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en
la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan
con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos, al tiempo que sufren
los graves efectos sociales y económicos de las desapariciones y, además, en
muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión
y represalias”.
La
presidenta del comité resaltó que la delincuencia organizada se ha convertido
en el principal causante de las desapariciones con diversos grados de
participación, y al referirse a los servidores públicos, los señaló por la
omisión o permisividad.
“Los
estados son en parte responsables de las desapariciones forzadas cometidas por
los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las
desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
“El
comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones
forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año
pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2
y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían
dictado 36 condenas en casos a nivel nacional”.
Carmen
Villa Quintana, presidenta del comité, resaltó que la impunidad en México es un
rasgo estructural que no permite frenar la problemática.
“Se
favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, y
pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven
sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas
e investigan sus casos, y a la sociedad en su conjunto”.
Revelaron
también su preocupación por la crisis forense que enfrenta el país, y que de
acuerdo a datos públicos, son más de 52 mil personas fallecidas no
identificadas y que se encuentran en fosas comunes.
De
acuerdo a la información brindada al comité, entre 2006 y 2021 se produjo un
crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje
superior al 98 % tuvo lugar en dicho período.
Expusieron
que a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de
perpetradores, modalidades y víctimas.
Lamentaron
que aun con los esfuerzos del Estado, la Comisión Nacional y las comisiones
locales, carecen frecuentemente de los recursos necesarios para su
funcionamiento. Salvo excepciones, los congresos estatales son los responsables
de entregar recursos.
En
el 2021, una delegación de cuatro miembros del CED visitó México del 15 al 26
de noviembre.
La
delegación estuvo presente en 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de
México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; sostuvo reuniones con más
de 85 instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como
con órganos autónomos, tanto en el ámbito federal como estatal; se reunió con
decenas de colectivos de víctimas y centenares de víctimas y organizaciones de
la sociedad civil.
Recomendaron
al Estado mexicano asegurar que las distintas instituciones informen de los
casos de personas migrantes desaparecidas que conocen, y que el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas identifique claramente el
fenómeno de las desapariciones de personas en situación migratoria regular o
irregular.
Urgieron
la desmilitarización de la seguridad pública.
El
comité emitió una serie de recomendaciones que van desde la eliminación de los
obstáculos en la persecución penal, se atiendan las desapariciones, informe a
la población nacional e internacional, así como la organización de campañas de
sensibilización e informativas.
“Para
que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la
prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y
erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el comité.
