Aunque muchos analistas están enfocando el tema de
la ley eléctrica desde el punto de vista del enojo y el acoso de la Casa Blanca
contra el poder legislativo mexicano, el trasfondo del debate es más
complicado: la disputa por la soberanía económica de México y el agotamiento
del Entendimiento Bicentenario que hablaba de acuerdos mutuos.
El Gobierno de Estados Unidos es hoy el gestor de
los intereses de las empresas eléctricas estadounidenses que no quieren litigar
en los tribunales correspondientes ante la probable derrota frente a la
capacidad soberana del Estado mexicano de asumir el modelo económico que desee
la correlación de fuerzas nacionales.
El otro punto concreto en disputa se localiza el
agotamiento del mecanismo de cesión de soberanía nacional que pactó el
presidente Carlos Salinas de Gortari en el contexto del Tratado 1991-1993,
porque la Casa Blanca está utilizando las presiones de inversionistas para
obligar a México a asumir de paso las sanciones decididas por la Casa Blanca en
Ucrania que es una guerra de expansión imperialista estadounidense.
En este escenario, todo el aparato de poder de la
Casa Blanca se ha volcado para presionar al poder legislativo mexicano y
sumarlo/subordinarlo a los intereses estadounidenses, pues en el contexto del
debate de las relaciones bilaterales y de la negociación legislativa de la ley
eléctrica, el embajador estadounidense Ken Salazar –en función concreta del diputado
501 de la cámara mexicana– se pronunció contra la decisión de fuerzas políticas
legislativas de establecer amistad con quien desee, sin tener en cuenta las
prioridades estadounidenses. La oposición del diplomático al grupo de amistad
México-Rusia fue un acto de intervencionismo político que no se veía desde los
tiempos proconsulares del nefasto embajador estadounidense John Gavin para
imponer a México las prioridades de seguridad nacional militar de la Casa
Blanca de Ronald Reagan.
La presión directa de la Casa Blanca contra el
Gobierno mexicano y las amenazas de sanciones y multas multimillonarias que se
impondrían a México no son otra cosa que la violación por parte de Biden del
reciente Encuentro Bicentenario que se basaba en el respeto a la soberanía
mexicana para tomar las decisiones que convengan a los intereses mexicanos.
Pero ahora resulta que Biden usa el poder de la Casa Blanca para impedir que en
México tome decisiones soberanas en función de los intereses mexicanos.
La percepción que se tiene en expertos de
conflictos contractuales privados es que la ley eléctrica le da ventajas
nacionales a México y en consecuencia el Gobierno estadounidense y las empresas
transnacionales se la han pasado amenazando con multas que ahora resulta que
podrían costar 10,000 millones de dólares, aunque se trata de cálculos
matemáticos que no tendrían el resultado especifico en la realidad.
La Casa Blanca ya politizó la ley eléctrica y sus
presiones buscan doblegar a los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos para
modificar una iniciativa presidencial a partir de las prioridades
estadounidenses, enterrando de manera ostentosa los criterios nacionales
mexicanos que lleva implícita la iniciativa.
La propuesta alternativa de la coalición
PRI-PAN-PRD para otra ley eléctrica que carece de mayoría y que responde a los
intereses estadounidenses lleva la marca indeleble de los intereses de la
Coparmex y del activista ultraderechista Claudio X. González. Es decir, que
tres partidos mexicanos de oposición recogieron en su iniciativa los intereses
intervencionistas de la Casa Blanca para bloquear el proceso legislativo en
marcha dentro de las comisiones. El mensaje que deja la iniciativa opositora no
es otro que el de perfilar ya la penetración de los intereses estadounidenses
en estructuras político-partidistas mexicanas que estarían, a la vez, creando
un cuadro de intereses trasnacionales que desnacionalizarían el proceso de
elección presidencial del 2024.
El punto central de la ley eléctrica se localiza
en la intervención directa de la Casa Blanca y el uso de los instrumentos de
presión diplomática contra una decisión que debe analizarse en función de los
intereses nacionales. En este sentido, la Casa Blanca aparece como el
legislador 501 de la Cámara mexicana de diputados, con el apoyo y beneplácito
de la oposición legislativa.