El Partido de la Revolución
Democrática (PRD), presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en
combate a la corrupción en el estado de Tamaulipas contra la diputada local
Úrsula Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, de
quien se dieron a conocer audios en los que se evidencia que participó en
presuntos actos de corrupción al solicitar moches.
En la querella ante el Fiscal
Anticorrupción de la entidad, Raúl Ramírez Castañeda, el PRD precisa que el
viernes 25 de marzo, se dieron a conocer unas grabaciones en las que,
presuntamente, Úrsula Salazar Mojica, solicita a un proveedor inflar sus costos
en una factura para, después, entregarle a ella la diferencia, en un claro acto
de corrupción.
En virtud de que dicha acción es
ilegal, el PRD solicitó a la Fiscalía Anticorrupción abra una carpeta e inicie
una investigación para verificar la veracidad de la grabación, así como la
fecha en que se realizó; si existe una conducta que se pueda considerar como
delictiva y si la diputada tuvo responsabilidad en el hecho; y si ésta conducta
ha sido reiterada o si se constituye como una conducta sistemática.
Asimismo, el Partido de la
Revolución Democrática demandó al Fiscal Anticorrupción que, en su caso, una
vez integrada la carpeta de investigación, solicite al Congreso del Estado de
Tamaulipas, el desafuero de la diputada Úrsula Salazar Mojica, para proceder
penalmente en su contra.
La denuncia fue presentada por
Verónica Juárez Piña, delegada del PRD en Tamaulipas y Roxana Luna, presidenta
del Consejo Nacional del PRD, quienes consideraron “inaceptable que
funcionarias y funcionarios públicos abusen de su poder para extorsionar a
quienes, legítimamente, buscan hacer transacciones comerciales con el gobierno
y otros entes públicos”.
“La lucha contra la corrupción ha
sido una de las banderas de este gobierno y reiteradamente hemos visto cómo se
han destapado escandalosos actos de corrupción, extorsión y tráfico de
influencias por parte de la propia familia del presidente, quien dijo que no
los defendería pero que, sin embargo, siguen cubiertos por el hálito de la
impunidad”, sostuvieron.
“Casos como los de sus hermanos
Martín y Pío López Obrador, el de su hijo José Ramón López Beltrán y allegados
como Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval son emblemáticos y marcarán la
historia de corrupción de este sexenio.
Enriquecimiento ilícito, tráfico
de influencias en asignaciones directas, extorsiones y otros delitos forman
parte del catálogo de los actos de la 4T”, afirmaron las líderes perredistas.
“En el caso de la sobrina del
presidente, sin lugar a dudas, se configuran los delitos de corrupción, tráfico
de influencias y extorsión, previstos en los artículos 208, 228 y 426 del
Código Penal del Estado de Tamaulipas”, señalaron.
Al presentar la querella, ambas
perredistas exhortaron a la Fiscal Anticorrupción de la entidad, “actúe a la
brevedad, conforme al mandato que le otorgó el Congreso del Estado y se lleve
ante la justicia a quien descaradamente, utiliza sus redes familiares para
causar daños al erario, enriquecerse ilegítimamente y traficar con sus
influencias”.
Finalmente, argumentaron que, frente a los
continuos escándalos de corrupción de familiares e integrantes de su gobierno
“los compromisos de no robar, no mentir y no traicionar, quedaron en un simple
eslogan de campaña .