El 1 de diciembre de 2017, Seiba Pérez, médica veterinaria y
maestra en ciencias agropecuarias, salió de su casa a hacer compras para su
negocio y ese mismo día terminó en el penal de Chiconautla, Estado de México.
Sin entender muy bien qué pasaba y sin saber de qué se le acusaba, pensó que
era un malentendido que no pasaría a mayores, pero perdió la libertad por poco
más de un año.
Ante la perspectiva de que pudieran ser cinco u ocho años más
—y de que volvería a ver a su hijo, que en el momento de su detención tenía
cinco años, cuando prácticamente fuera un adolescente—, optó por declararse
culpable para que el juez le concediera la pena mínima y el beneficio de pasar
los meses que le restaban a su sentencia con un brazalete en su
domicilio.
Como ella, muchas mujeres privadas de su libertad, a pesar de
ser inocentes o haber cometido delitos menores, permanecen en la cárcel por
falta de recursos legales o económicos: alrededor de un 10% de mujeres
internas, tan solo en el penal de Chiconautla, en Ecatepec —donde hay cerca de
300—, podría obtener su libertad por un monto promedio de 8 mil pesos (que es
el costo de la reparación más los trámites), de acuerdo con un análisis
de la asociación La Cana, que puso en marcha
un proyecto para la liberación de mujeres en prisión y en su primer año lo ha
logrado en 11 casos.
Según el INEGI (2020), a nivel nacional la población
penitenciaria es de 211 mil 154 personas, de las cuales el 5.6% son mujeres.
Del total de personas, hasta ese año el 40.9% estaba en la cárcel sin sentencia
o con una medida cautelar de internamiento preventivo, 14.4% con sentencia no
definitiva y 44.7% con sentencia definitiva. Animal Político publicó
que, actualmente, en México cada día se encarcela
a 300 personas, y en el caso de las mujeres, ya son mayoría aquellas
que permanecen privadas de la libertad sin sentencia.
Aun con las pérdidas económicas y familiares, el apoyo de la
asociación fue esencial para la liberación y reinserción de Seiba, porque el sistema
judicial es ineficiente desde el momento mismo de la detención, en el que nadie
le mostró una orden de aprehensión, y después porque se empieza a pagar una
pena sin haber tenido un juicio y en condiciones deplorables, relata. Ahí,
recuerda, conoció a mucha gente frustrada por ser inocente, no conocer bien su
situación y no tener recursos, herramientas o una familia.
“La gente está ahí frustrada, enojada con la sociedad, y al
final salen peor: enojadas por haber estado dentro de esa manera injusta, y
ahora sí salen con ese coraje”, lamenta.
Después de que finalmente supiera que la acusaban de haber
robado dinero y de tener acceso a su expediente, donde había múltiples
incongruencias en las supuestas pruebas, el juez accedió a optar por un proceso
abreviado, que requería que ella confesara y cumpliera solo unos meses más,
además del año que ya había cumplido interna.
“Te preguntas por qué vas a admitir algo que no hiciste, pero
al final no hubo opciones porque mi hijo me necesitaba, mi papá se enfermaba,
mi esposo con trabajo y peleándose con abogados, mi hijo con mi papá, mi marido
trayendo dinero que ya no alcanzaba, y al final tu familia sufre, tú sufres…
hubo muchas noches en que pensé que era mejor ya no estar”, relata Seiba. Esos
momentos representaron para ella una inestabilidad jurídica muy complicada a
pesar de que siempre había tenido sus papeles en regla.
Finalmente, con el acuerdo de reducción, salió del reclusorio
el 16 de enero de 2019, y cumplió el resto de su sentencia hasta el 1 de mayo
con un brazalete desde su casa. Mediante La Cana, también tuvo la oportunidad
de trabajar desde su domicilio, a partir de la labor que empezó a hacer con
ellas en los talleres que imparten dentro de Chiconautla, donde se la pasó
“bordando y capacitando, hasta que pasó el tiempo”.
Daniela Ancira, directora de La Cana, explica que el Proyecto
Libertad surgió luego de conocer muchas historias como las de Seiba, que
revelan los verdaderos motivos por los que las mujeres están en la cárcel, pues
en muchas ocasiones lo que se criminaliza es la pobreza: “Son mujeres que no
tienen acceso a una defensa adecuada, que no pueden pagar un abogado privado;
sabemos que los defensores de oficio están rebasados o quizá no llegan siempre
a las últimas instancias, o mujeres que están en la cárcel por delitos menores
con una sentencia muy alta”.
Otro caso que conocieron como parte del proyecto fue el de una
mujer que estaba con su pareja cuando él robó un celular en el Metro y fue
sentenciada a 17 años. Para lograr su liberación, argumentaron ante el juez que
ella tenía tres hijas, y al final el impacto sería mayor para su familia y la
comunidad. Al igual que con Seiba, lograron que saliera con un brazalete para
ser monitoreada, pero en libertad.
“Son ese tipo de casos en los que consideramos que la cárcel
no siempre es la mejor opción para esa persona y para su reinserción social. A
partir de que los detectamos, tenemos chavas que no podían salir de la cárcel
porque no tenían 2 mil o 3 mil pesos (para acceder a los acuerdos reparatorios)”,
dice Ancira.
